SANTO DOMINGO, 25 DE JUNIO DE 2012. La Organización de Estados Americanos acogió la solicitud presentada por la República Dominicana para analizar este martes 26 de junio, a partir de las 2:30 de la tarde, la crisis generada en Paraguay, a raíz de la destitución del presidente Fernando Lugo.

La decisión fue comunicada a los representantes permanentes de los Estados Miembros del organismo hemisférico a través de la circular número 6451 del Consejo Permanente, en cuyo contenido se informa que la sesión extraordinaria se llevará a cabo en el Salón Libertador Simón Bolívar, de la sede principal de la OEA ubicada en Washington, D.C., Estados Unidos.

Siguiendo instrucciones del Presidente Leonel Fernández y de la Cancillería, la Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos inició una ofensiva diplomática para que la comunidad internacional adopte una acción colectiva frente a la destitución de Lugo de la Presidencia de Paraguay.

Paralelamente, el Canciller Carlos Morales Troncoso llamó a consulta al embajador de República Dominicana en Paraguay, Marino Beriguete, quien deberá rendir un informe de lo acontecido en los últimos días en ese país suramericano.

En horas de la mañana, el representante permanente del país ante la OEA, embajador Roberto Saladín, envió sendas comunicaciones al secretario general, José Miguel Insulza y al presidente del Consejo Permanente, Leonidas Rojas Bautista, para que consideraran la “convocatoria inmediata” de una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la organización.

La propuesta, planteada de manera formal sólo por la República Dominicana de los 35 países que conforman el organismo internacional, tiene “el propósito de tratar al más alto nivel la situación política de la República de Paraguay y adoptar las decisiones que estimen apropiadas”, indican las misivas.

En las comunicaciones, el embajador Saladín explica que solicita la reunión en base al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, cuyo contenido establece que:  “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.